La Asociación Civil Progreso Mendoza y el consultor ambientalista Eduardo Sosa, con la adhesión de más de 100 habitantes de Uspallata, presentaron ante la Suprema Corte de Justicia de Mendoza una acción colectiva de inconstitucionalidad contra la Ley 9.684, que ratifica la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto San Jorge Cobre Mendocino.
La demanda solicita la nulidad de la DIA y de la ley, por violar la Constitución, la legislación ambiental vigente y tratados internacionales. Se denuncia que la DIA fue aprobada de manera ilegal, condicionada e incompleta, sin estudios técnicos esenciales, especialmente sobre el recurso hídrico, contrariando los principios de prevención y precaución.
Organismos técnicos oficiales advirtieron falta de información e incertidumbre científica, observaciones que fueron desoídas por el Poder Ejecutivo y la mayoría legislativa. Asimismo, se cuestiona la restricción a la participación ciudadana en el procedimiento, en abierta violación del Acuerdo de Escazú.
La acción convoca a la ciudadanía a adherir masivamente con el objetivo de constituir la acción colectiva más grande de la Argentina, en defensa del derecho al agua, a un ambiente sano y a la vida, representando a las generaciones presentes y futuras.
La Asociación Civil Progreso Mendoza y el consultor ambientalista Eduardo Sosa, con la adhesión de más de 100 habitantes de Uspallata, presentaron ante la Suprema Corte de Justicia de Mendoza una acción colectiva de inconstitucionalidad contra la Ley 9.684, que ratifica la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto San Jorge Cobre Mendocino.
La demanda solicita la nulidad de la DIA y de la ley, por violar la Constitución, la legislación ambiental vigente y tratados internacionales. Se denuncia que la DIA fue aprobada de manera ilegal, condicionada e incompleta, sin estudios técnicos esenciales, especialmente sobre el recurso hídrico, contrariando los principios de prevención y precaución.
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